La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos quiere expresar su preocupación por un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, en Argentina, tendientes a poner término a un conjunto de políticas públicas que daban cuenta del compromiso del Estado argentino con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Los grandes avances conseguidos en esta materia por parte de las organizaciones de derechos humanos hoy pretenden ser borrados por parte del Gobierno argentino, bajo el falaz argumento de la necesidad de recortar el gasto fiscal. Detrás de estas medidas, se esconde una impúdica simpatía con la dictadura cívico-militar, un reprochable negacionismo, una inadmisible reivindicación del terrorismo de Estado y una inaceptable relativización de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.
Lo que comenzó como una descalificación a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo y a los organismos de Derechos Humanos, ahora su nefasta política se expresa en el despido de trabajadores de los organismos estatales que se desempeñan en la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. Al finalizar junio, echaron a 50 trabajadores, principalmente del Archivo Nacional por la Memoria y los Espacios de Memoria, que no podrán seguir funcionando por no tener al personal capacitado para la misión para los que fueron creados. Por otro lado, a las unidades que subsisten, no les transfieren los recursos necesarios para llevar adelante su cometido. Se trata de un ataque liso y llano a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Lo mismo pasa con Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, otro ejemplo del atropello al legado que la lucha por los derechos humanos en Argentina significa, ya que no se les ha asignados los fondos correspondientes para su normal funcionamiento, por lo que en lo que va del 2024 no han podido cobrar sus sueldos los docentes y los no docentes. La Universidad resiste gracias al empuje militante de quienes todos los días trabajan para sostenerla, y por el apoyo que la sociedad en su conjunto le ha
expresado. Se sigue reclamando al Gobierno Nacional que cumpla con la ley, y que deje de apostar a que el desfinanciamiento de la UNMa sea la manera más sencilla que tienen para cerrarla, que es el verdadero propósito que tienen desde que asumieron el Gobierno, en diciembre pasado. La Universidad el 6 de abril cumplió 24 años, tiene 2300 estudiantes, 250 docentes y 70 no docentes y brinda seis carreras universitarias.
Otro organismo que quieren terminar por decreto es la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, una rama de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y desplazar a Claudia Carlotto, su directora. Este organismo se ocupa de buscar a los niños y niñas robados durante el terrorismo de Estado.
Para ocuparse de la búsqueda de los bebés robados, la Conadi recibe denuncias – de personas que tienen un dato que puede ayudar al encuentro– y las presentaciones espontáneas de quienes dudan sobre su origen biológico.
Tratándose de un gobierno que niega los crímenes de la dictadura, cerrar una Universidad con orientación en derechos humanos, donde su materia trasversal a todas las carreras que brinda es Historia de las Madres de Plaza de Mayo, o desmantelar el organismo que se ocupa de encontrar a los bebés apropiados, es demostrar que lo peor de la maquinaria criminal era cierto.
También, la semana pasada despidieron a una de las dos personas que quedaban dentro del Ministerio de Defensa, desarticulando por completo los equipos que investigan los crímenes de la dictadura cívico-militar.
Además, tenemos presente que el propio Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), junto con recordarle al Gobierno de Milei su obligación de respetar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, afirmó que “las recientes medidas propuestas amenazan con socavar la protección de los derechos humanos.”
Para el ACNUDH, hay varios ejes problemáticos en la plataforma de Gobierno de Milei: el recorte del gasto público para los sectores más desprotegidos –que llegó a
su paroxismo con la restricción de medicamentos a personas con enfermedades graves o el acopio de alimentos en depósitos del Ministerio de Capital Humano–, la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la eliminación de instancias como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o los centros de acceso a justicia (CAJ) y la postura de la Cancillería de no participar en ninguna reunión referida a la Agenda 2030.
A su vez, organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han denunciado que desde que se puso en marcha el protocolo, la protesta pasó de ser un derecho a convertirse en un delito. La ministra del Interior puso en marcha un registro de quienes suelen cortar la calle mientras impulsa denuncias penales y pretende cobrar por los operativos que ella misma diseña.
La muy difícil situación económica actual en Argentina golpea hoy a prácticamente todos los sectores y actividades, incluyendo el de los medios de prensa y comunicación, cuestión que se agrava en el caso específico del ejercicio del derecho humano a la comunicación, con políticas que le afectan directamente, como son la existencia de una constante agresión de parte de las autoridades gubernamentales y sus seguidores y adherentes contra cualquier posicionamiento crítico o incluso apenas interrogativo, la toma de medidas que tienden al desfinanciamiento y privatización de medios públicos y alternativos a la prensa dominante, la eliminación de unidades completas del sistema de medios públicos y la desfinanciación de universidades públicas que sustentan a un buen número de medios de comunicación, el desmantelamiento del mundialmente reconocido y referencial Instituto Nacional de Cine (INCAA).
Todas estas realidades y acciones configuran un cuadro de una completa regresión y retroceso frente a los avances que contempló en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o “Ley de Medios” promulgada en el año 2009, legislación que fue vista como genuino ejemplo a nivel regional por sus fines de democratización y pluralismo, pero cuya vigencia y aplicación efectiva ha sido, como es conocido, objeto de múltiples disputas jurídicas y políticas que han impedido la implementación de una parte muy significativa de sus contenidos.
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos denuncia a la opinión pública internacional que estas políticas y medidas constituyen un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de la suscripción y ratificación de tratados internacionales de derechos humanos por parte del Estado argentino, que lo hacen incurrir en responsabilidad internacional.
PLATAFORMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
7 de Julio de 2024.-
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